La violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público.
Esa es la definición que el Instituto Nacional Electoral (INE) comparte sobre una realidad que durante décadas se invisibilizó en México y en el mundo, porque se consideraba parte de la normalidad de los códigos machistas en los que el ejercicio del poder y su disputa están asignados a los hombres.
Pero la evolución de los derechos humanos y los instrumentos internacionales para hacerlos valer han puesto el foco en las diversas formas de discriminación, incluyendo aquellas que impiden a las mujeres tanto el acceso a cargos de representación política como la ejecución de éstos.
¿VIOLENCIA O DEBATE?
Como parte de esta sensibilización global, México concretó en la Legislatura anterior (2018-2021) aprobar en el Congreso de la Unión un paquete de reformas para prevenir, juzgar y castigar la violencia política de género.
Pero su aplicación, aun cuando se trata de medidas cautelares hacia quienes cometen esa violencia, se encuentra hoy limitada por los alcances de la interpretación. Como sucedió en días recientes cuando los consejeros que conforman la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se dividieron en torno al recurso que interpuso la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz en contra del presidente de la República.
Entonces, las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel —quien no es parte de la comisión, pero participó sin derecho a voto en el análisis porque preside la Comisión de Equidad de Género en el INE— consideraron que los dichos del mandatario sí habían incurrido en violencia de género al señalar que la aspirante a conducir el Frente Amplio por México era títere y empleada de hombres poderosos que la estaban utilizando.
Pero los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño Ventura argumentaron que los señalamientos presidenciales eran manifestaciones de “la crítica dura, propia del debate político; y no un señalamiento por su condición de mujer”.
LOS PREJUICIOS Y LA RESISTENCIA
Y de cara a las elecciones de 2024, el reto de los funcionarios electorales es el de dilucidar cuándo y cómo impartir justicia a las mujeres agraviadas.
Porque de un lado están los propósitos, las buenas intenciones y las reformas parlamentarias que incluso se aprueban por consenso, y del otro la dificultad cultural para dimensionar cuándo se violentan los derechos políticos de una candidata.
En uno de los más recientes foros de reflexión sobre el tema de discriminación y violencia política de género en el INE, en junio anterior, la consejera Dania Ravel alertó que “desgraciadamente, en mayor o menor medida hemos sido criados, criadas con prejuicios de género, con lo que se supone que debe de hacer un hombre, una mujer, cómo debe de comportarse, cómo debe de verse con estos roles y prejuicios de género” que impiden señalar y castigar aquellas conductas que son atentatorias.
LECCIONES DE 2021
Posteriormente, en otro espacio destinado a reflexionar respecto a cómo habrá de aplicarse en el INE la Ley 3 de 3 Contra la Violencia, igualmente en junio pasado, la consejera Ravel planteó algunas de las lecciones que dejaron los casos revisados en 2021 en la materia.
Destacó la relevancia de la coordinación con organismos electorales locales y organizaciones de la sociedad civil que alertaron sobre candidatos denunciados que mintieron en su declaración respectiva estar libres de este tipo de conductas.
Tenemos que afinar esta coordinación entre instituciones, para que nosotros tengamos toda esa información y además replantear algunos criterios de la Sala Superior (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), porque nosotros cancelamos los registros, pero lo que ocurrió es que la Sala Superior y la Sala Regional de la Ciudad de México nos ordenaron que les devolviéramos estos registros porque la Sala Superior dijo que no éramos competentes para hacer esa cancelación y la Sala Regional de la Ciudad de México dijo que el acto que había cometido la persona no era de la gravedad suficiente como para negarle el registro a la candidatura”, ejemplificó.
La consejera Dania Ravel enfatizó que además de elevar la exigencia ética de las personas que deben estar en cargos, “hay que combatir la impunidad, porque una persona que suele violentar y que tiene además poder, tiene muchísimo más posibilidades de que exista una impunidad en sus casos, que se pueda sustraer a la acción de la justicia y entonces simplemente no se castigan los actos que cometa, a lo mejor, desde un puesto público incluso”, advirtió en ese foro.
FISCALÍAS DEBEN INFORMAR
En ese mismo espacio, la consejera Carla Humphrey alertó, también en junio, que en la fiscalía General de la República, de 100 carpetas de investigación iniciadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, sólo se había avanzado en siete, que ya estaban judicializadas.
A mí me parece un número absolutamente bajo”, lamentó Humphrey al advertir que detrás de cada denuncia hay un costo para quienes padecieron esa violencia.
Consideró Carla Humphrey necesario que todas las fiscalías del país informen adecuadamente al INE de las personas que están sancionadas por violencia política en razón de género.
Recordó la consejera que la reforma del 13 de abril de 2020 prevé distintas vías de denuncia: “La administrativa-electoral ante las autoridades electorales; la penal, obviamente ante las fiscalías, también mediante un JDC ante los Tribunales Electorales. Pero también hay una vía bien importante de responsabilidad administrativa ante los Órganos Internos de Control y estamos obviando si ahí ya hay personas sancionadas por violencia política en razón de género que tenemos que incorporar en nuestro registro”.
LOS RETOS
La consejera Carla Humphrey definió entonces que uno de retos que se tienen de cara al 2024 es que contar en el INE con lineamientos derivados del hecho de que la Ley 3 de 3 Contra la Violencia es ya una obligación; otro es que los partidos políticos tendrán que modificar sus documentos básicos para hacer frente y analizar los perfiles que presentan, a fin de garantizar que no estén sancionados en materia de violencia política.
Y uno más: “Que los Tribunales de este país sancionen la violencia política en razón de género, suspendiendo derechos políticos y electorales”.
El problema al final es que, asumió Humphrey, en un país donde tenemos 97 por ciento de impunidad, donde sólo el tres por ciento de los casos termina con una sentencia, “es verdaderamente complicado exigirles a las mujeres presentar una sentencia o que una persona tenga una sentencia por ser deudor alimentario, por haber cometido violencia sexual, familiar o violencia política en razón de género”.
Para la consejera Carla Humphrey resulta vital que se visibilice la violencia política tanto en el Consejo General del INE como en la sociedad en general, sobre todo en un momento en que ha subido de manera importante la violencia digital y mediática.
EL CASO VIGGIANO
¿De qué nos sirve tener hoy paridad si enfrentamos una profunda violencia contra las mujeres que se postulan a cargos de elección popular?”
Con ese cuestionamiento la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, evalúa a la distancia lo que le sucedió en 2021 como candidata a la gubernatura de Hidalgo, cuando una declaración presidencial en la conferencia mañanera se convirtió en materia prima de una campaña en redes sociales en su contra.
¡En este país es más grave que un candidato rebase el tope de gastos de campaña a que a una persona se le cometa violencia, se le calumnie e injurie sobre su persona y sus vínculos familiares”, plantea.
La también diputada prepara un paquete de iniciativas para modificar la ley y que se considere la Violencia Política en Razón de Género (VPG) como conducta grave y causal de nulidad de una elección.
Mi caso debe ser de utilidad para reflexionar acerca de los cambios normativos que debemos hacer para asegurar que se castigue la VPG, pero sobre todo, debe ser un caso de estudio para fundamentar mejor las resoluciones de los tribunales, para entender el alcance de la violencia en una elección”, alega.
