Tensión en la frontera con México. El Gobierno de Joe Biden movilizará a 1.500 soldados en activo a la zona ante el inminente fin de la emergencia sanitaria, el próximo 11 de mayo. La Administración cree que la desaparición del título 42, que expira con la declaratoria de emergencia de la pandemia, incrementará los cruces ilegales a más de 10.000 cada día, según cifras oficiales. Funcionarios de la Casa Blanca argumentan que los militares se encargarán de tareas administrativas para descargar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés), que actuará sobre el terreno para contener el flujo migratorio. Las fuerzas armadas estarán en la zona por 90 días, aunque la estancia puede ser extendida de ser necesario.
La noticia se ha dado a conocer a través de funcionarios de la Administración que han solicitado el anonimato. Las fuentes han asegurado a la agencia Associated Press que las tropas no arrestarán a inmigrantes. El Departamento de Seguridad Interior (DHS, por las siglas en inglés) ha insistido en esto en un comunicado. “El personal del Departamento de Defensa no ha llevado a cabo jamás acciones de cuerpos de seguridad y no lo hará, ni interactuará con migrantes o personas bajo la custodia de DHS”, indica el mensaje.
Los militares se enfocarán en procesar los datos de los detenidos, detectar los puntos que necesitan atención de la Patrulla Fronteriza y dar apoyo en almacenes de CBP. Seguridad Interior afirma que soldados han trabajado en la región binacional desde 2006. El anuncio de esta mañana, no obstante, eleva el perfil militarizado de la frontera. Unos 2.500 integrantes en activo de la Guardia Nacional ya se encuentran desplegados a lo largo de los nueve sectores de la línea. Un total de 4.000 elementos militares estarán en la zona durante el próximo mes y medio hasta que sean sustituidos por contratistas civiles.
La medida ha provocado críticas de los sectores simpatizantes del partido demócrata. “Desplegar tropas sugiere una preocupante falta de preparación para esta transición. DHS tuvo más de dos años para planear la extinción del título 42. En cambio, esta situación ha escalado en una emergencia mayor que llevará, de nuevo, tropas a nuestras comunidades”, aseguró Andrea Flores, una abogada experta en política migratoria que trabajó en el equipo de transición de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. La organización no gubernamental Al Otro Lado considera que el Ejecutivo, en lugar de militarizar, debería incrementar los recursos a las comunidades “para dar la bienvenida con dignidad a los solicitantes de asilo”.
La asesora de Seguridad Nacional del Gobierno de Biden, Elizabeth Sherwood, sostuvo una reunión para discutir las implicaciones del fin del título 42 con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, así como los secretarios de Gobernación (Interior), Relaciones Exteriores, Defensa y Marina. “El presidente Biden tuvo la cortesía de enviar una gente cercana para explicarle esto directamente al presidente de México”, dijo el titular de Exteriores, Marcelo Ebrard, a los medios.
Ebrard dijo que Estados Unidos tiene contemplado conceder más de 300.000 visas por razones humanitarias a personas de Venezuela, Nicaragua y Haití, así como 100.000 permisos para ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras. El funcionario no precisó si México asumió nuevos compromisos para la contención de los flujos migratorios a cambio del acuerdo. Sí dijo que el país latinoamericano pidió que se mantuvieran abiertos los canales para la inmigración regular y que continuara la apuesta de invertir en Centroamérica para aminorar los factores de expulsión. “No se puede decir nomás ‘vamos a contener que lleguen migrantes’ y no tener opciones”, comentó el funcionario, informa Elías Camhaji desde Ciudad de México.
