Legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN) han presentado una denuncia formal contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. El recurso legal fue interpuesto ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de iniciar una investigación sobre diversos delitos presuntamente cometidos durante su administración estatal.
La solicitud busca que las autoridades competentes esclarezcan los señalamientos y determinen el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados en el caso.
Marina del Pilar enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y cohecho
El documento presentado por los diputados panistas incluye una serie de conductas irregulares que requieren atención inmediata. Entre los posibles delitos señalados en contra de la administración de la mandataria estatal se encuentran:
- Delincuencia organizada y asociación delictuosa.
- Tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Los diputados Eva María Vásquez, César Damián Retes y Federico Döring solicitaron a la dependencia federal que investigue a fondo la gestión gubernamental. El objetivo es determinar qué información poseía la gobernadora sobre estos actos y desde cuándo tuvo conocimiento de los mismos.
Petición de intervención a la Unidad de Inteligencia Financiera
Para fortalecer la investigación, los legisladores de oposición han solicitado la participación activa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Consideran fundamental analizar detalladamente la siguiente información relacionada con el gobierno del estado:
- Revisión exhaustiva de información financiera e historial fiscal de los involucrados.
- Análisis detallado de contratos otorgados durante la administración.
- Investigación sobre modificaciones societarias de empresas vinculadas, específicamente Vida Orgánica Tijuana.
De acuerdo con el expediente, la funcionaria habría sido socia fundadora de la empresa mencionada, por lo que resulta indispensable transparentar sus operaciones comerciales. El diputado Damián Retes enfatizó que estas acusaciones no deben quedarse únicamente en el ámbito del debate político, sino que exigen una resolución judicial clara.
El bloque opositor aseguró que mantendrá un seguimiento puntual del proceso penal, reiterando que cualquier responsabilidad legal deberá basarse en pruebas contundentes presentadas ante los tribunales.
