La tan discutida reforma electoral, popularmente conocida como ‘Plan B’, enfrenta un serio contratiempo: el descanso legislativo de Semana Santa. Los diputados federales posponen su discusión hasta el 7 de abril, lo que podría impedir que las modificaciones constitucionales y legales entren en vigor para las elecciones intermedias de 2027, apretando al máximo los plazos de aprobación en el Congreso y los estados.
Contrarreloj legislativo: el ‘Plan B’ y la carrera contra el tiempo
El camino para la implementación del ‘Plan B’ se ha vuelto más sinuoso. Tras su aprobación parcial en el Senado y su remisión a la Cámara de Diputados, la reforma constitucional se topa ahora con un inesperado ‘puente’ vacacional de 12 días que suspende las actividades legislativas hasta el próximo 7 de abril. Este receso es crítico, ya que la legislación electoral, según el artículo 105 de la Constitución, debe ser promulgada y publicada al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que se aplicará. Para las elecciones de 2027, esto significa que el ‘Plan B’ debe estar completamente aprobado por la Cámara de Diputados y ratificado por al menos 17 congresos estatales a más tardar en mayo de 2026.
La panista Kenia López Rabadán, quien preside la Mesa Directiva de San Lázaro, confirmó la recepción de la minuta y su turno a comisiones, pero el parón de Semana Santa, el Viacrucis y la Pascua, retrasa su discusión en el pleno de la Cámara. Este ajuste de calendario deja a los legisladores con un margen mínimo para completar un proceso que, además de la aprobación federal, requiere el aval de la mitad más uno de los congresos locales, antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Las implicaciones del ‘Plan B Light’
El ‘Plan B’ que se encuentra en discusión es una versión ‘recortada’ de la propuesta original, después de que el Senado eliminara la consulta ciudadana concurrente de revocación de mandato para 2027. Las modificaciones se centran en tres artículos constitucionales clave y el régimen transitorio, buscando una optimización en el gasto público y la estructura de gobierno.
En la modificación constitucional del artículo 115, se establece que los ayuntamientos contarán con ‘una sindicatura y hasta 15 regidurías’, mientras que el artículo 116 estipula que los recursos destinados a los Congresos locales no excedan 0.70% del presupuesto de egresos estatal. A su vez, con los cambios al artículo 134 se acotan las remuneraciones magistrados electorales y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes no podrán ganar más que el Presidente de la República. Asimismo, se reducirá en 15% el presupuesto al Senado, a partir del ejercicio fiscal de 2027 y hasta 2030, equivalente a 765 millones de pesos.
Estos cambios, de ser aprobados, implicarán una reconfiguración importante en la estructura y financiamiento de diversas instituciones, desde los ayuntamientos hasta el propio Senado y el INE, con el fin de generar ahorros y una mayor austeridad, como ha sido la bandera de la actual administración. Sin embargo, el riesgo de que estos beneficios no se vean reflejados en 2027 es cada vez mayor debido a la falta de tiempo.
El panorama
La inminente reanudación de sesiones en la Cámara de Diputados el 7 de abril marcará el inicio de la recta final para el ‘Plan B’. Con el reloj corriendo, la celeridad será crucial para que la reforma no solo logre el consenso legislativo federal, sino que también obtenga el respaldo de los congresos estatales antes de la fecha límite de mayo. De no ser así, las aspiraciones de aplicar estas modificaciones para los comicios de 2027 se desvanecerán, postergando un debate fundamental sobre la reconfiguración del sistema electoral mexicano.
